El prefecto Jimmy Jairala entregará hoy el informe final del dragado en El Palmar a la SGR y a Senagua
El prefecto Jimmy Jairala tiene previsto entregar hoy el informe final del dragado a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Para ello ha programado reunirse a las 09:00 con los titulares de ambas instituciones, María del Pilar Cornejo y Walter Solís, respectivamente, en las oficinas de la SGR del edificio del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 en Samborondón.
El documento está listo desde hace una semana, y en el texto se ratifica la necesidad de dragar el río Guayas en los próximos cinco años, para retirar aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de sedimento, de lo contrario habrá riesgos de inundaciones en Guayaquil y cantones aledaños como La Puntilla, Durán, Samborondón, entre otros lugares.
Incremento acelerado
En efecto la actualización de los estudios para la segunda etapa del dragado del río Guayas ratifica la necesidad de dragar el río para prevenir daños en las poblaciones ribereñas del río Guayas y de sus afluentes, Daule y Babahoyo.
En lo medular, el documento ratifica el incremento acelerado de la sedimentación a 4 millones de metros cúbicos, y la urgencia de tomar medidas tendientes a evitar riesgos de inundaciones.
El prefecto Jimmy Jairala, ante la pregunta de ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? respondió: “Cuando el informe dice que después de cinco años La Puntilla y el islote El Palmar se van a unir, es decir que se van a ver los bancos de arena en marea alta o en marea baja, hay que tomar el tema con mucho más seriedad y con el tiempo en contra”.
Por ello es urgente tratar con las autoridades respectivas, porque, según Jairala, “es un tema que no podemos manejarlo solos (como Prefectura del Guayas) porque es colosal y son 60 millones de dólares de inversión. La idea es buscar financiamiento, más aún cuando hay un ofrecimiento del Gobierno de colaborar con el 50%. “Ya tenemos el estudio y vamos a dar los siguientes pasos”.
También especificó que solo la draga debe medir 100 metros y en el país no hay una de esas dimensiones ni con la tecnología adecuada. El plazo de ejecución del dragado es de 24 meses, y se debe instalar tubería por vía terrestre y bajo el agua para depositar el sedimento en Durán, agregó.
El Prefecto también presentó los avances en las negociaciones para la resolución de las controversias de límites y ratificó que se firmará el acuerdo con Azuay. “Estamos socializando para que la segunda semana de enero ya lleguemos a firmar el documento delante de representantes de las diferentes comunidades”.
Respecto al planteamiento de rubricar el documento durante un parlamento biprovincial, precisó que este recurso no está contemplado como obligatorio en la Ley de Fijación de Límites. (La norma sí establece de plazo hasta el 14 de abril para resolver las controversias limítrofes).
“Le he hecho conocer al prefecto del Azuay (Paúl Carrasco) que no lo considero necesario ni conveniente, porque podría convertirse en un acto político, y nosotros no vamos a propiciar ni estamos impulsando actos políticos para las fotos ni para los vídeos”, precisó Jairala.
El acuerdo en cuestión permitirá zanjar la controversia en torno a 602 kms2, agregó el ejecutivo guayasense. No incluirá a Abdón Calderón, que tiene una extensión de apenas 1 km2 (de ellos, la parte más poblada es de 800 metros cuadrados). “Eso solamente quedaría para la consulta popular. Ya hay la disposición de las dos prefecturas”.
Posibilidades de consulta
En cuanto a otros sitios, anunció que en el caso de El Piedrero, en controversia con Cañar, se pronunciará por la Resolución Institucional. “Tenemos demasiados argumentos que certifican que El Piedrero es territorio de la provincia del Guayas. Vamos a trabajar en función de eso, para que sea el presidente Rafael Correa quien se pronuncie frente al pedido que estamos formulando”.
El mismo procedimiento se seguirá en el caso de Manga del Cura, que está en disputa con Manabí, y es el tema más complicado.
“Le corresponderá al Presidente de la República darle la razón a quien la tenga o convocar a una consulta popular”, agregó Jairala.
En el caso del recinto Matilde Esther, de Bucay, acotó que hay la voluntad pero no acuerdo con la Prefectura de Los Ríos. Por ello, también se irá a consulta popular.