Mesas de trabajo permanente, plan de acción focalizado para reducir riesgos en cada una de las provincias de las zonas 1 y 5, y una hoja de ruta para la preparación de la respuesta han sido los compromisos de la tercera jornada convocada por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) con las nuevas autoridades seccionales del país.

De manera transversal, la SGR realizará un acompañamiento técnico para que los equipos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) puedan llevar adelante sus planes de prevención, mitigación, respuesta y recuperación, de acuerdo a sus competencias.

Alcaldes, prefectos, y presidentes de las juntas parroquiales electas participan desde este 8 de mayo en las jornadas itinerantes que buscan propiciar una planificación basada en el conocimiento de las amenazas y el análisis de la gestión de riesgos de acuerdo a la realidad de cada territorio.

Se prioriza la reducción de riesgos como un componente esencial para salvaguardar la integridad de los ciudadanos y sus bienes.

Alex Anchundia, director de Gestión de Riesgos y Cooperación del GAD entrante de Guayaquil, calificó la convocatoria realizada por la SGR como una efectiva estrategia destinada a afianzar vínculos de trabajo con la premisa de precautelar la vida de las personas.

En las jornadas, se ha puesto a disposición de los GAD electos las “Herramientas GAD para enfrentar ENOS 2023- 2024: Lineamientos para gestionar los riesgos y Guía para el análisis cuantitativo de afectaciones e impacto”, insumo de utilidad para gestionar el riesgo mediante la toma oportuna de decisiones con la articulación de los Comités de Operaciones de Emergencias (COE).

Para Diana Anchundia, alcaldesa electa del cantón Buena Fe, es fundamental empezar hacer prevención ante el fenómeno ENOS que se aproxima. “Tenemos que estar empapados del tema para poder tomar las acciones necesarias en materia de seguridad para nuestra población”, resaltó.

La Secretaría de Gestión de Riesgos, como líder del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, trabaja para garantizar la protección de las personas y colectividades de los efectos negativos provocados por los eventos peligrosos.