Un contingente de más de 700 funcionarios del Gobierno central y local se encuentra en el sector La Gasca, en Quito, para la atención de la emergencia reportada tras el aluvión del pasado 2 de abril. A esto suma la maquinaria pesada, ambulancias, vehículos de rescate, entre otras unidades, desplegadas a este sector.

El secretario Nacional de Gestión de Riesgos, Jorge Carrillo, explicó que las instituciones de Estado involucradas en garantizar una respuesta operativa ante este evento están ejecutando las acciones necesarias para apoyar al Municipio de Quito y brindar la atención oportuna a la ciudadanía.

“El Gobierno Nacional ha trasladado maquinaria, hemos movilizado a personal del Ministerio de Salud Pública para algún tipo de atención médica, de la misma manera el MIES, Educación, Secretaria Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y la Secretaría de Gestión de Riegos nos encontramos activados en la zona para atender cada una de las necesidades”, enfatizó el titular de esta institución.

Durante la mañana de este 3 de abril, se reportó el despliegue de brigadas de limpieza con el objetivo de retirar la totalidad de los escombros en las vías afectadas, además de despejar las obstrucciones detectadas en el alcantarillado en la zona.

Desde el inicio de esta emergencia, personal de respuesta, como Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, estuvieron en el lugar para apoyar en las labores de evacuación de las personas que podrían verse afectadas o estaban en riesgo.

Esta intervención permitió además identificar, de manera oportuna, a 16 niños que quedaron atrapados en una guardería del sector, los mismos que fueron rescatados.

La evaluación inicial de este evento reveló que, al corte de este comunicado, 8 familias fueron evacuadas, integradas por 21 personas. Además, existen 4 personas heridas, 68 personas afectadas, 20 viviendas impactadas y lamentablemente una persona fallecida.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como líder del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, trabaja para garantizar la protección de las personas y colectividades ante los efectos negativos provocados por los eventos peligrosos.