Guaranda (Bolívar).– El 22 de enero de 2014, se publicó en el Registro Oficial No 166, la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que tiene el propósito de regularizar los asentamientos humanos que tienen problemas de servicios básicos; consolidar y fortalecer los procesos de descentralización y con ello mejorar la calidad de vida de la población.

De acuerdo a la reforma de la Ley del Cootad, se establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia y el país, deberán realizar en un plazo de 6 meses reformas a las ordenanzas que tengan que ver con la mitigación de riesgos. Además, es causal de remoción del Alcalde cuando autorice asentamientos humanos o construcción de viviendas en zonas de riesgo.

En materia de gestión de riesgos, incorpora las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio, las que se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable.

En cuanto a la provincia de Bolívar, el Ing. Geovanny Iñamagua, Director de Gestión de Riesgos, ha iniciado un proceso de socialización y análisis de la reforma con los representantes de los GAD.

“Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos de ordenamiento territorial.

Para el caso de riesgos sísmicos, los Municipios expedirán ordenanzas que reglamenten la aplicación de normas de construcción y prevención”. (JCV/MIV)